El Consejo de Europa ha instado a los Estados miembro a prohibir que los servicios sociales informen a las autoridades de extranjería sobre la situación de irregularidad administrativa de los inmigrantes a los que atiendan, a fin de prevenir que actores tanto de la Administración como del sector privado nieguen de manera efectiva a estas personas sus derechos fundamentales.
vía Europa Press – Resultados de búsqueda