Según Calbarro, las administraciones “no pueden ni deben mantener artificialmente puestos de trabajo improductivos social y económicamente, restando recursos de los contribuyentes y haciéndolos más pobres y peor servidos, cuando existen servicios públicos fundamentales que sí urge mantener operativos, como la sanidad o la educación”.
vía Europa Press – Resultados de búsqueda